El fiscal Diego Luciani afirmó que funcionó una «asociación ilícita» encabezada por quienes «se desempeñaron como jefes de Estado», al comenzar su alegato en el juicio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 12 acusados por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez.